La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo ha propuesto la denegación de la autorización ambiental para ampliar una macrogranja de 7.200 cerdos en el término municipal de Espinosa de los Caballeros.
Hay que recordar que la autorización comenzó a tramitarse en 2018 y pretendía el incremento desde 2.000 hasta 7.200 cerdos de cebo. Finalmente se recibieron 74 alegaciones al proyecto, recogidas en el proceso de información pública en 2019 y presentadas por multitud de asociaciones, vecinos y algunos sindicatos, así como de varios informes para analizar el impacto medioambiental que concluían que podría afectar a la contaminación de aguas subterráneas y a la captación de agua potable de Arévalo, a escasos metros de donde se preveía la instalación de la macrogranja, como así se recoge en el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
Luis José Martín García-Sancho, miembro de la Asociación ‘La Alhóndiga’ de Arévalo, ha explicado en Radio Adaja que, según advierte el último informe de la Confederación Hidrográfica del Duero acerca de la ampliación de la macrogranja porcina, existe riesgo de que se produzcan efectos negativos de contaminación sobre la zona protegida para la captación superficial de agua para el consumo humano de la Mancomunidad ‘Los Arenales’ y sobre las aguas subterráneas de los acuíferos de la zona. También ha añadido que la empresa que solicitaba la autorización de la ampliación ha pedido permiso para una perforación con el fin de suministrar agua al ganado, por lo que se ha rechazado igualmente.
Desde ‘La Alhóndiga’ indican la necesidad de estudiar los efectos acumulativos de los vertidos totales sobre las aguas del conjunto de las explotaciones de menos de 2.000 cabezas de la zona. Hay que recordar que estas explotaciones ganaderas han crecido exponencialmente en los últimos años, afectando a la superficie de las zonas vulnerables por contaminación de las aguas subterráneas a las que se refiere la Confederación Hidrográfica del Duero, aumentando de 67 a 716 municipios, y de unos 2.000 a 25.000 km2.
El Procurador del Común ha manifestado la necesidad de control por parte de la Junta de Castilla y León para que las macrogranjas no sobrepasen las 2.000 cabezas de ganado de forma práctica. Por su parte, la Junta ha respondido que no puede hacerse cargo de la inspección y lo deja en manos de las autoridades provinciales.
Al respecto, Comisiones Obreras ha celebrado también la propuesta de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada el pasado 8 de abril, de denegar la autorización ambiental.
