La Alianza UPA-COAG ha hecho balance de la actual situación del campo y del año 2016. Entre una de sus mayores preocupaciones se encuentra la pérdida de 601 agricultores a título personal (ATP), en los últimos diez años en la provincia de Ávila.
Según la Alianza, finaliza un año agrario marcado por los bajos precios, el mal funcionamiento de la cadena alimentaria, la crisis en todos los sectores ganaderos de leche y la incertidumbre en el sector remolachero-azucarero. El sindicato agrario considera que estos hechos se deben en gran parte a los abusos de la industria y la distribución, además de la inacción de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria aprobada por el Gobierno central que sigue sin garantizar justicia ni equilibrio en los mercados. En varios sectores los precios medios de venta se han situado por debajo de los costes medios de producción, lo que ha ocasionado pérdidas que han comprometido seriamente la viabilidad de cientos de explotaciones en Ávila. Denuncian que esta situación se produce cuando la normativa comunitaria favorece el acceso a nuestros mercados de productos de terceros países con unos estándares de calidad y seguridad alimentarias muy poco exigentes.
También destacan que la fauna silvestre les está provocando graves problemas, con la muerte de ganado por parte de los lobos, y con la difusión de parásitos que afectan a la población de vacuno de la provincia.
Como nos adelantaban en Radio Adaja en estos últimos días, también consideran que los plazos de la quema de rastrojos han sido insuficientes y muy restrictivos a nivel normativo por parte de la Junta de Castilla y León. Un hecho que ha propiciado la aparición, en pleno invierno, de plagas como el topillo en algunas localidades de nuestra provincia y en algunas comarcas de nuestra región.
Añaden que el supuesto incremento de la renta agraria del 5% que ha anunciado el Ministerio de Agricultura no debe hacer olvidar los datos del propio Consejo Económico y Social (CES) que apuntan que la renta agraria española en términos corrientes descendió un 16% entre 2003 y 2015, debido al acusado encarecimiento que experimentaron los costes de producción, que crecieron un 46% durante este mismo periodo.
