El sindicato Comisiones Obreras de Ávila y la asociación ecologista Centaurea reclaman el cumplimiento inmediato de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de abril de 2010, que dictaminó la ilegalidad de la concesión otorgada en 1999 a Iberpistas, para la explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 AP-51.
Carlos Bravo, presidente de Centaurea, explicó a esta redacción que la única concesión legalmente vigente sobre la AP-6 es la que se otorgó a Iberpistas en 1968. “Esta concesión termina el lunes 29 de enero, momento en que deberá ser recuperada por el Estado y pasar a tener una gestión pública”, subrayó.
Recuerdan además que esta sentencia fue fruto de la denuncia que ambas organizaciones presentaron conjuntamente en 2000 ante la Comisión Europea. “El Estado no ha cumplido aún esta sentencia del TJUE que le obligaba, como mínimo, a volver a repetir la adjudicación de ese paquete de autopistas cumpliendo la normativa que en aquel momento vulneró”, añadió Bravo. Ambas organizaciones aclaran que el Real Decreto 525/2012, que modifica puntualmente algún aspecto de la adjudicación de 1999, no supone el cumplimiento de la Sentencia, de 22 de abril de 2010, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por su parte, las autopistas AP-51 y la AP-61 están operando en una situación de alegalidad, pues la adjudicación de 1999 por la que estas se otorgaron a Iberpistas es ilegal por sentencia del TJUE. “Aunque el Estado debiera volver a licitarlas, lo lógico es que sean rescatadas por el Estado y se conviertan en autovías gratuitas”, avanzó.
Ambas organizaciones reiteran que el paso de la AP-6 a manos del Estado y, por tanto, a su gestión pública, debe ir acompañada de las correspondientes medidas que permitan salvaguardar los puestos de trabajo actuales.
