La Alianza Upa-Coag respalda la petición de las cooperativas agrarias para que se les permita mantener sus gasolineras sin la necesidad de contratar a un trabajador, obligatoriedad que recoge la nueva legislación de la Junta de Castilla y León.
Hacen un llamamiento al Gobierno regional para que atienda esta reivindicación que "es de justicia" y tiene un "carácter social por el servicio que se presta en el medio rural, mayoritariamente a los socios agricultores, allí donde no hay otra manera de repostar combustible".
La organización achaca la aplicación de esta normativa regional tan restrictiva a la presión ejercida por las grandes estaciones de servicio, que ven en las cooperativas una competencia directa a sus intereses por los precios más económicos que aplican éstas y por la mejor calidad de su producto.
