La Guardia Civil de Ávila instruye diligencias policiales en calidad de investigadas a un total de 25 personas por supuestos delitos de estafa, falsedad en documento público y mercantil, y contra la propiedad industrial, dentro del marco de la operación ‘Sembra2’. Durante el mes de agosto de 2016, se conocieron posibles irregularidades que podrían estar cometiendo varios agricultores, así como una empresa dedicada a diversas actividades relacionadas con el ámbito cerealista, en La Moraña.
Estas irregularidades consistirían en vender ilegalmente el grano destinado a consumo animal o humano. Para obtener este grano, el agricultor compraba semilla certificada tipo R-1 o R-2, procede a cosechar el cereal y se lo vende a una empresa que acondiciona o limpia dicho grano, que una vez tratado, se vende como grano para siembra, hecho prohibido por ley. En este sentido, la empresa tiene la obligación de dar cuenta de este proceso a la Gestión de Licencias Vegetales (GESLIVE), con el fin de llevar un control en el reempleo de la siembra de variedades protegidas y su posterior pago del conocido canon.
El SEPRONA de la Guardia Civil de Ávila estableció diversos operativos de vigilancia de las instalaciones de la empresa, centradas concretamente en uno de los almacenes ubicado en Velayos.
Continuando con las investigaciones, en enero de 2017 se procedió a realizar una inspección en las instalaciones de acondicionamiento de grano para siembra, en especial del libro de entradas y salidas del mismo. Tras el exhaustivo análisis de las documentaciones intervenidas, se observó que aparecía venta de cereal para consumo animal por un precio muy superior al establecido en el mercado. Se comprobó entonces que estos datos no se ajustaban a la realidad ya que en las facturas constaba que el destino de las ventas eran para consumo animal, cuando en realidad se trataba de venta de grano para siembra, algo totalmente contrario a la normativa.
Por ello durante los meses de septiembre y octubre, se procedió a investigar a cinco personas responsables y trabajadores de la empresa. Se podrían haber defraudado a la Hacienda Pública varios millones de euros.