El pleno de la Diputación de Ávila, celebrado ayer martes 19 de diciembre, ha aprobado los presupuestos de la institución provincial para el ejercicio 2018, con el voto a favor del Grupo Popular y con los votos en contra de Partido Socialista, Ciudadanos, Izquierda Unida y Trato Ciudadano y la abstención de UPyD.
Un presupuesto que ascenderá a un montante total de 54,7 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 5% con respecto a los de este año. El presupuesto, que incluye una decena de enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, se basa sobre tres pilares fundamentales, como son los Servicios Sociales, la creación de empleo y la apuesta por los municipios, según ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Pablo Martín.
En este sentido, se prioriza la prestación de Servicios Sociales con un montante de 16,5 millones de euros, con partidas destinadas a ayuda a domicilio o teleasistencia. En relación al segundo pilar se incluyen 3,5 millones de euros destinados a programas de empleo, entre los que se incluyen el Plan de Empleo Local o el Plan de Fomento del Empleo Agrario.
El tercer pilar básico sobre el que se asienta el presupuesto para 2018 es la apuesta por los municipios, con la consolidación de líneas como los 5,5 millones del Plan Extraordinario de Inversiones. De la misma forma, se mantienen los 4,2 millones de euros en subvenciones sectoriales y se incluye una partida de 600.000 euros para sufragar la puesta en marcha del Plan Industrial Ávila 2020, así como otras para Agricultura y Ganadería.
Centro Residencial Infantas Elena y Cristina
El pleno de la Diputación de Ávila ha aprobado también, con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención de Trato Ciudadano, una moción transaccional del Grupo Popular, a raíz de una propuesta presentada por el Grupo Socialista.
El objetivo es instar a la Junta de Castilla y León a iniciar la integración del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina y los centros de personas con discapacidad en la red de centros de la Administración regional. La integración, según la moción, afectaría a las residencias de personas mayores y los centros de personas con capacidades diferentes de titularidad de la Diputación Provincial.
